Por: FTS-SAPI
Aporrea.org
Aporrea.org
La adopción de la legislación venezolana en materia de Propiedad Industrial y el abandono del Régimen Común Andino, representa un importante acto de soberanía. Esta acción representa una importante oportunidad para el desarrollo de una industria farmacéutica propia y la capacidad de aumentar el acceso a los medicamentos para la población y a mejorar las condiciones para el alance de una soberanía alimentaria.
Para comprender esta realidad , es necesario hacer unas breves consideraciones:
El 22 de abril de 2006, Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena, cesando desde esa fecha, para nuestro país, el ejercicio de los derechos y la exigencia de las obligaciones como miembros de la Comunidad Andina, entre ellas, la aplicación directa y preferente de las normas comunitarias, con excepción de aquellas normas comunitarias que formen parte del Programa de Liberación de la Subregión, las cuales estarán vigentes por un plazo de 5 años.
Desde este momento, cesa la aplicación de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial y como consecuencia se aplica, de manera integra del texto de la Ley de Propiedad Industrial.
Lo arriba expuesto tiene una incidencia importante sobre las patentes de invención, y en especial, incide en la relación de las patentes de medicamentos con respecto al Derecho a la Salud.
Las patentes son una figura otorgada por el Estado, la cual confiere a sus titulares el privilegio de aprovechar exclusivamente la producción o procedimiento industrial objeto de la patente, dentro del territorio nacional y por un período de tiempo determinado. Al tratarse de una autorización para la explotación monopólica de un producto o procedimiento que viene a ser una solución para una problemática social, éstas necesariamente van a implicar el establecimiento de precios más elevados de los que existirían en otras condiciones y en consecuencia se traducen en imposibilidad de acceso a las soluciones de los problemas de la vida cotidiana.
El sistema de patentes cada día se ha hecho más complejo y ha asumido formas en respuesta a las necesidades del modelo económico capitalista, como consecuencia de esto se han emanado una serie de directrices orientadas a la mercantilización de derechos humanos fundamentales, como es el caso del patentamiento de medicamentos, insumo fundamental para la garantía del derecho a la salud, parte integral del derecho humano a la vida.
Vale la pena indicar que en la mayor parte de los países en desarrollo existían prohibiciones expresas de patentamiento de medicamentos y de químicos para la agricultura, si embargo luego de la creación de la OMC, este requisito se hizo obligatorio, en detrimento de las naciones importadoras.
Ahora bien, cabe preguntarse ¿es realmente la aplicación de la ley de propiedad industrial, la cual en su artículo 15 prohíbe el patentamiento de medicamentos de toda especie y preparaciones farmacéuticas medicinales, un atentado contra la salud del venezolano, tal y como lo afirman las recientes declaraciones de prensa que se han realizado sobre el tema?
La respuesta a esta interrogante se genera al ver la tergiversación que el modelo capitalista ha hecho sobre el rol social que debe cumplir un medicamento, estos son por un lado un insumo del sector salud sujeto a regulación y reglamentación y por el otro es un bien que responde a la lógica del mercado, por lo que su tratamiento no siempre está acorde con los objetivos y funciones del sector salud.
El hecho de que en la actualidad la producción de medicamentos se encuentra concentrada cada vez más en oligopolios de alcance transnacional, han influido en instituciones y gobiernos de todo el mundo, haciendo inclinar las políticas en materia de medicamentos favoreciendo los intereses de la industria farmacéutica, al margen de las necesidades de salud de la población del mundo; esto ha traído como consecuencia que incluso en la determinación de las prioridades de investigación en el sector farmacéutico la industria se fundamente principalmente en aquellas enfermedades que representan un mercado importante, dejando de lado aquellas que son padecidas por un gran número de personas con escasas posibilidades de pagar un tratamiento médico.
Un ejemplo muy claro de como se diferencian unas enfermedades de otras según el nivel adquisitivo de quienes las padecen es el caso del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, (SIDA), en sus inicios se trataba de una enfermedad mortal de la que muy pocos habían escuchado, pero cuando comenzó a afectar a personas de los países industrializados con capacidad para hacerse escuchar y reclamar su derecho a la salud, las compañías farmacéuticas desarrollaron todo un arsenal terapéutico que hacen que hoy el SIDA sea una enfermedad crónica en vez de una enfermedad mortal. sin embargo, más de cinco millones de personas mueren cada año por esta enfermedad y nueve de cada diez infectados, viven en países no industrializados y no pueden pagar su tratamiento.
El otro argumento esgrimido por los defensores del sistema de patentes es que a través del sistema de patentes es posible estimular la inversión nacional, sin embargo, un breve vistazo nos nos demuestra una realidad diferente:
El sector farmacéutico está conformado por 490 empresas, (incluyendo laboratorios, casas de representación, droguerías, etc.). los laboratorios nacionales cuentan con más de 30 plantas de fabricación y las multinacionales sólo cuentan con 3, debido al proceso de migración a otros países, iniciado desde hace aproximadamente 10 años.
La industria farmacéutica nacional abastece el 51% del mercado privado nacional y el 60% de la demanda del sector público, a través de sus distintos entes y centros asistenciales, siendo además esta la principal productora de medicamentos genéricos.
La existencia de patentes sobre medicamentos restringe el acceso al mercado de los productos genéricos, de acuerdo a un informe la cámara nacional del medicamento genérico, (CANAMEGA), en el ultimo año el precio promedio ponderado de los genéricos es 60% mas bajo que el de los productos de marcas, además en moléculas que cuentan con protección de exclusividad (patentes) se observa que el precio promedio ponderado del ultimo año es 3,36 veces mayor al de marcas y 8,31 veces mayor al del mercado de genéricos.
Diversos estudios demuestran que el otorgamiento de derechos monopólicos sobre los medicamentos ha traído las siguientes consecuencias:
Para comprender esta realidad , es necesario hacer unas breves consideraciones:
El 22 de abril de 2006, Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena, cesando desde esa fecha, para nuestro país, el ejercicio de los derechos y la exigencia de las obligaciones como miembros de la Comunidad Andina, entre ellas, la aplicación directa y preferente de las normas comunitarias, con excepción de aquellas normas comunitarias que formen parte del Programa de Liberación de la Subregión, las cuales estarán vigentes por un plazo de 5 años.
Desde este momento, cesa la aplicación de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial y como consecuencia se aplica, de manera integra del texto de la Ley de Propiedad Industrial.
Lo arriba expuesto tiene una incidencia importante sobre las patentes de invención, y en especial, incide en la relación de las patentes de medicamentos con respecto al Derecho a la Salud.
Las patentes son una figura otorgada por el Estado, la cual confiere a sus titulares el privilegio de aprovechar exclusivamente la producción o procedimiento industrial objeto de la patente, dentro del territorio nacional y por un período de tiempo determinado. Al tratarse de una autorización para la explotación monopólica de un producto o procedimiento que viene a ser una solución para una problemática social, éstas necesariamente van a implicar el establecimiento de precios más elevados de los que existirían en otras condiciones y en consecuencia se traducen en imposibilidad de acceso a las soluciones de los problemas de la vida cotidiana.
El sistema de patentes cada día se ha hecho más complejo y ha asumido formas en respuesta a las necesidades del modelo económico capitalista, como consecuencia de esto se han emanado una serie de directrices orientadas a la mercantilización de derechos humanos fundamentales, como es el caso del patentamiento de medicamentos, insumo fundamental para la garantía del derecho a la salud, parte integral del derecho humano a la vida.
Vale la pena indicar que en la mayor parte de los países en desarrollo existían prohibiciones expresas de patentamiento de medicamentos y de químicos para la agricultura, si embargo luego de la creación de la OMC, este requisito se hizo obligatorio, en detrimento de las naciones importadoras.
Ahora bien, cabe preguntarse ¿es realmente la aplicación de la ley de propiedad industrial, la cual en su artículo 15 prohíbe el patentamiento de medicamentos de toda especie y preparaciones farmacéuticas medicinales, un atentado contra la salud del venezolano, tal y como lo afirman las recientes declaraciones de prensa que se han realizado sobre el tema?
La respuesta a esta interrogante se genera al ver la tergiversación que el modelo capitalista ha hecho sobre el rol social que debe cumplir un medicamento, estos son por un lado un insumo del sector salud sujeto a regulación y reglamentación y por el otro es un bien que responde a la lógica del mercado, por lo que su tratamiento no siempre está acorde con los objetivos y funciones del sector salud.
El hecho de que en la actualidad la producción de medicamentos se encuentra concentrada cada vez más en oligopolios de alcance transnacional, han influido en instituciones y gobiernos de todo el mundo, haciendo inclinar las políticas en materia de medicamentos favoreciendo los intereses de la industria farmacéutica, al margen de las necesidades de salud de la población del mundo; esto ha traído como consecuencia que incluso en la determinación de las prioridades de investigación en el sector farmacéutico la industria se fundamente principalmente en aquellas enfermedades que representan un mercado importante, dejando de lado aquellas que son padecidas por un gran número de personas con escasas posibilidades de pagar un tratamiento médico.
Un ejemplo muy claro de como se diferencian unas enfermedades de otras según el nivel adquisitivo de quienes las padecen es el caso del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, (SIDA), en sus inicios se trataba de una enfermedad mortal de la que muy pocos habían escuchado, pero cuando comenzó a afectar a personas de los países industrializados con capacidad para hacerse escuchar y reclamar su derecho a la salud, las compañías farmacéuticas desarrollaron todo un arsenal terapéutico que hacen que hoy el SIDA sea una enfermedad crónica en vez de una enfermedad mortal. sin embargo, más de cinco millones de personas mueren cada año por esta enfermedad y nueve de cada diez infectados, viven en países no industrializados y no pueden pagar su tratamiento.
El otro argumento esgrimido por los defensores del sistema de patentes es que a través del sistema de patentes es posible estimular la inversión nacional, sin embargo, un breve vistazo nos nos demuestra una realidad diferente:
El sector farmacéutico está conformado por 490 empresas, (incluyendo laboratorios, casas de representación, droguerías, etc.). los laboratorios nacionales cuentan con más de 30 plantas de fabricación y las multinacionales sólo cuentan con 3, debido al proceso de migración a otros países, iniciado desde hace aproximadamente 10 años.
La industria farmacéutica nacional abastece el 51% del mercado privado nacional y el 60% de la demanda del sector público, a través de sus distintos entes y centros asistenciales, siendo además esta la principal productora de medicamentos genéricos.
La existencia de patentes sobre medicamentos restringe el acceso al mercado de los productos genéricos, de acuerdo a un informe la cámara nacional del medicamento genérico, (CANAMEGA), en el ultimo año el precio promedio ponderado de los genéricos es 60% mas bajo que el de los productos de marcas, además en moléculas que cuentan con protección de exclusividad (patentes) se observa que el precio promedio ponderado del ultimo año es 3,36 veces mayor al de marcas y 8,31 veces mayor al del mercado de genéricos.
Diversos estudios demuestran que el otorgamiento de derechos monopólicos sobre los medicamentos ha traído las siguientes consecuencias:
- Retardo en el ingreso de medicamentos genéricos al mercado
- Produce costos adicionales a los medicamentos
- Pérdida de capacidad de ahorro por imposibilidad de acceder a medicamentos genéricos
- Aumento de costos para los gobiernos en materia de salud
- La inversión extranjera directa en productos farmacéuticos no ha aumentado
- Aumento de las importaciones en prejuicio de la producción nacional
- Descenso en la transferencia de tecnología a compañías locales.
- Colapso de las oficinas de propiedad intelectual
- Mayor litigiosidad para la industria nacional
- Interpretaciones judiciales cuestionables, en muchos casos por falta de conocimiento cabal de la materia que resultaba novedosa en la región
- Concesión de patentes sin examen o con examen deficiente.
- Proliferación de miles de solicitudes de patentes que reivindican variaciones de productos que aportan escaso o nulo valor inventivo pero que configuran monopolios, en muchos casos sobre productos ya conocidos.
Cierre de plantas farmacéuticas propiedad de empresas multinacionales :
- Chile: cerraron todas desde 1991.
- Perú: cerraron 15 plantas
- Colombia: cerraron 21 y 7 limitaron su producción al 20% / 50%
- Guatemala: cerraron 14, quedan 2
- Ecuador: quedaron solo 2 plantas
- Venezuela: quedan 4 plantas de las 25 que había.
Por todo lo anterior resulta evidente que la aplicación de un criterio comercial sobre un insumo fundamental para la garantía de un Derecho Humano no es sustentable desde el punto de vista social, resultando esto en un atentado contra la salud de los seres humanos del mundo; por lo que las afirmaciones que se han venido realizando en los últimos días carecen de sustento y van orientadas a manipular la opinión pública en función de intereses particulares al margen de las necesidades reales del pueblo Venezolano.
